D031 Oposición a la Detención y Vigilancia de Inmigrantes y Solicitantes de Asilo
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos,
Que la 80ª Convención General de la Iglesia Episcopal abogue por poner fin a las detenciones y otras políticas de inmigración injustas, previendo una sociedad justa en la que todos, independientemente de su origen nacional, tengan derechos humanos básicos, incluyendo el sustento, la unidad familiar, la autodeterminación y la seguridad física y emocional; y asimismo
Se resuelve, Que esta Convención de la Iglesia Episcopal deplore y pida específicamente que se ponga fin a la política de detención de inmigrantes del gobierno de Estados Unidos, que está claramente en desacuerdo con el bienestar y la dignidad humana y al mismo tiempo es costosa, ineficaz e innecesaria; y asimismo
Se resuelve, Que esta Convención también se oponga y pida al gobierno de Estados Unidos que deje de utilizar el control y la vigilancia electrónica de los inmigrantes como “alternativa” a la detención, incluidos los monitores de tobillo y las tecnologías de vigilancia basadas en teléfonos móviles, que les privan injustamente de la libertad y la privacidad y amenazan los derechos humanos de todas las personas; y asimismo
Se resuelve, Que esta Convención dirija a la Oficina de Relaciones Gubernamentales e inste a todos los episcopales a abogar para que nuestro gobierno aborde estas graves deficiencias en nuestro trato a los “extranjeros entre nosotros”, abogando por la eliminación de la detención y la vigilancia en favor de políticas probadas que:
- Proporcionan verdaderas alternativas a la detención basadas en la comunidad y apoyadas por ella.
- Financian a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para que presten apoyo al manejo de casos sobre la base de evaluaciones de necesidades individualizadas, incluyendo el suministro de información clara sobre los derechos y obligaciones de los participantes en relación con la tramitación de la inmigración y las consecuencias del incumplimiento.
- Incluyen remisiones a servicios apoyados por la comunidad, incluyendo servicios legales, servicios sociales y apoyo médico y de salud mental.
- Tratan a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes con dignidad, humanidad y respeto, asegurándose de que cualquier restricción y obligación de cumplimiento impuesta a los participantes sea lo menos onerosa posible.
Explicación
La gran mayoría de los inmigrantes no detenidos se presentan voluntariamente a las audiencias del tribunal de inmigración: De 2008 a 2018, el 83% de los inmigrantes no detenidos asistió a todas sus audiencias, y el 96% de los inmigrantes no detenidos representados por un abogado asistió a todas sus audiencias.
Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de EE. UU. retiene diariamente a decenas de miles de personas en el equivalente a una detención preventiva, sin abogado designado y a menudo sin acceso a audiencias de fianza. Cada año, ICE utiliza varios miles de millones de dólares de los contribuyentes para encarcelar y deportar a personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas, incluidos los padres de ciudadanos estadounidenses, y a personas que llegaron recientemente buscando seguridad o una vida mejor. Los recluyen en una de más de 200 prisiones, cárceles y complejos similares a prisiones, plagados de racismo y abusos sistemáticos. Estas instalaciones son operadas en su mayoría por empresas privadas y están alejadas y aisladas.
ICE también ha implementado en exceso la vigilancia electrónica de inmigrantes que, de otro modo, no serían detenidos.
Propuesto originalmente en 2004 como una alternativa más “humana” a la detención, supuestamente con el objetivo de reducir la cantidad de inmigrantes detenidos, el programa de vigilancia electrónica vigila ahora a más de 180,000 inmigrantes en todo momento. El gobierno pretende ampliar el programa a 400,000 para finales de 2022.
Además, la vigilancia electrónica no se ha utilizado como alternativa o sustituto de la detención física. En cambio, los dos programas han crecido de forma paralela. Entre 2006 y 2021, el presupuesto para la detención se amplió de US$1,000 millones a US$2,800 millones, mientras que el presupuesto para la vigilancia electrónica creció de US$28 a US$475 millones.
Afortunadamente, existen alternativas eficaces y humanas a la detención y la vigilancia electrónica. En 2015, una colaboración de más de 400 organizaciones de la sociedad civil conocida como la Coalición Internacional sobre la Detención (International Detention Coalition, IDC) completó un amplio análisis de más de 250 ejemplos de programas alternativos en 60 países diferentes. Su informe concluyó que los modelos exitosos involucran a las personas en el proceso de inmigración a través de programas informativos y apoyados por la comunidad, lo que contribuye a “resultados positivos de cumplimiento, resolución de casos, costos, y salud y bienestar”.
En una hoja informativa publicada por los Ministerios Episcopales de Migración y la Oficina de Relaciones Gubernamentales se afirma que “La Iglesia Episcopal tiene una política desde hace mucho tiempo en la Convención General que aboga por alternativas humanas y dignas a la detención de inmigrantes, reconociendo que el sistema actual de detención de inmigrantes niega a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes el debido proceso y los mantiene durante meses en condiciones a menudo inseguras, insalubres e inhumanas”. Sin embargo, las recientes resoluciones de la Convención General relacionadas con la inmigración y el encarcelamiento (2009-B006; 2012-D059; 2015-A011; 2018-A178; 2018-D009; 2018- D029) no se oponen explícitamente a la continuidad del sistema de detención de inmigrantes. Tampoco dejan claro que la vigilancia electrónica es un problema social creciente y no una “alternativa” aceptable a la detención física.
Por lo tanto, la resolución propuesta es necesaria para actualizar y aclarar la posición de la Iglesia Episcopal sobre estas importantes cuestiones de derechos humanos. Debemos sumar la voz de nuestra iglesia al creciente coro de organizaciones religiosas y de justicia social que piden al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a sus injustas políticas de detención y vigilancia y las sustituya por alternativas probadas, basadas en la comunidad, que sean más eficaces, menos costosas y mucho más humanas que los enfoques existentes.