D014 Declarar que la Violencia Armada es una Crisis Nacional de Salud
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________________,
Que la 81ª Convención General de la Iglesia Episcopal por la presente inste al Congreso y a todos los funcionarios a nivel nacional, estatal y local a trabajar para que la violencia armada sea reconocida y definida como una Epidemia de Salud Pública y una Crisis Nacional de Salud; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General inste al Congreso y a todos los funcionarios a nivel nacional, estatal y local a trabajar juntos, a promulgar leyes y a promover políticas que protejan el derecho de todos los estadounidenses a vivir en entornos seguros y libres de violencia armada, y a que asignen fondos suficientes para la educación, la concientización y la investigación; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General inste a la reforma de la Ley de Víctimas del Crimen (Victims of Crime Act, VOCA) para garantizar la igualdad de acceso a los beneficios sin discriminación para las familias que viven en comunidades con índices de homicidio superiores al promedio, y para designar fondos para proporcionar servicios comunitarios de salud mental y apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia armada y el homicidio; y asimismo
Se resuelve, Que la 81ª Convención General ordene, en consonancia con las políticas y procedimientos establecidos, que el Consejo Ejecutivo remita esta Resolución a la Oficina de Relaciones Gubernamentales, a fin de que pueda tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las intenciones y propósitos de esta Resolución.
Explicación
La violencia armada cobra más de 30,000 vidas al año en Estados Unidos.
Los afroamericanos sufren de forma desproporcionada la violencia armada en Estados Unidos.
Los afroamericanos tienen 14 veces más probabilidades de ser asesinados con armas de fuego que los blancos, y entre los jóvenes negros, la violencia armada es la principal causa de muerte.
Entre los blancos, la causa predominante de las muertes relacionadas con armas de fuego es el suicidio; entre los afroamericanos, el 80% de las muertes relacionadas con armas de fuego son homicidios.
Cada día mueren 93 personas por heridas de bala, siete de las cuales son niños, mientras que más de 180 personas son víctimas de heridas de bala no mortales cada día, 40 de las cuales son niños o adolescentes.
Además de las muertes y las lesiones, la violencia armada crea una sensación de falta de seguridad y expone a las personas y las comunidades a acontecimientos traumáticos, que incluyen, entre otros: ser testigos de violencia armada, temor de salir o estar fuera debido a la violencia armada, miedo de estar cerca de lugares o actividades en los que a menudo surge violencia, haber tenido que ocultarse debido a la violencia armada o a actividades violentas en el vecindario, o haber perdido a algún familiar o amigo cercano debido a la violencia armada.
Entre los efectos conocidos de los traumas crónicos y complejos se encuentran la baja autorregulación, el escaso control de los impulsos, los problemas de salud mental, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, y el abuso de sustancias.
El Congreso ha bloqueado la aprobación de una legislación sensata en materia de armas que proteja a los estadounidenses y a nuestros hijos al reducir significativamente la proliferación de armas ilegales y el acceso a las mismas en el país. Esto incluye proyectos de ley que crearían la obligación de reportar armas perdidas y robadas, reautorizarían la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad, cerrarían las lagunas jurídicas de las exposiciones de armas y las ventas de armas de fuego, y revocarían las restricciones al acceso de las fuerzas de seguridad estatales y locales a los datos de rastreo de armas.
Después de la aprobación de la innovadora Ley Brady en 1993, el Congreso de Estados Unidos ha recortado y bloqueado sistemáticamente el financiamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), un organismo que apoya la investigación de los problemas que contribuyen al homicidio y la violencia armada. El Congreso también ha establecido restricciones estructurales que impiden que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Alcohol, Tobacco, Fire Arms and Explosives, ATF) desempeñe de forma eficaz y exhaustiva su función de supervisión de la industria de las armas de fuego.
La Ley Pública 109-92, Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, impide que los fabricantes y comerciantes de armas de fuego sean considerados responsables cuando se hayan cometido delitos con sus productos. La Ley Pública 109-92 impide que las víctimas de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos demanden a los fabricantes y distribuidores por negligencia o negligencia concurrente. Cierra una vía por la que las víctimas pueden solicitar reparaciones por el sufrimiento causado por los asesinatos de sus seres queridos.
El informe del Departamento de Justicia de EE. UU. titulado Visión 21, pidió la reforma de la Ley de Víctimas del Crimen e identificó a los niños y los hombres afroamericanos y a sus familias como víctimas de delitos que están infraatendidas, que se enfrentan a barreras para acceder a los servicios, a la denegación de los mismos o a la denegación de financiamiento.
Aunque en Estados Unidos existen leyes que protegen a nuestros hijos de productos, actividades o situaciones que pueden causarles daños o lesiones, y que hacen que sea ilegal para ellos adquirir sustancias como el alcohol y el tabaco, no hemos hecho lo suficiente para proteger a los niños y los adolescentes del acceso a las armas de fuego.