C027 Condicionar la ayuda militar de EE. UU. a Israel
En los últimos 15 años se han producido cinco enfrentamientos entre Israel y Hamas en la densamente poblada Franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, Hamas, una organización de resistencia armada, desencadenó un brutal ataque contra Israel, matando a cientos de personas y tomando unos 200 rehenes. Israel tomó represalias lanzando la Operación Espada de Hierro contra Gaza, recurriendo en gran medida a ataques aéreos, tanques y artillería, cuando se presentaba la oportunidad de renunciar a la venganza y convertir “las espadas en arados”. Gran parte de las municiones militares han sido suministradas por Estados Unidos.
La cantidad de muertos ha aumentado a más de 25,000, de los cuales el 70% son mujeres y niños, según informes ampliamente aceptados del Ministerio de Salud de Gaza. La ONU ha reportado que casi 1.9 millones de personas, más del 85% de la población, han sido desplazadas; para el 24 de noviembre, más de 234,000 viviendas habían sufrido daños y más de 46,000 hogares habían sido destruidos. La devastación es peor que los dos años de bombardeos de Dresden.
Estos hechos demuestran 1) la magnitud de la muerte y la destrucción causadas por el continuo asalto de Israel a Gaza, un territorio ocupado por Israel, que tiene el deber de proteger a sus habitantes e infraestructuras, 2) el masivo apoyo material que el gobierno estadounidense ha proporcionado y 3) el incumplimiento por parte del gobierno estadounidense de sus propias leyes que imponen condiciones en materia de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha abdicado a su deber de limitar la escala, el alcance y la letalidad del uso de la ayuda militar por parte de Israel contra la población civil de Gaza. De esta forma, la Casa Blanca declaró públicamente el 27 de octubre: “No estamos fijando límites para Israel”, cuando esa es la obligación del gobierno estadounidense. Como consecuencia, Israel no ha rendido cuentas de las muertes de civiles y la destrucción que ha causado, ha prohibido la entrada de casi todos los alimentos, agua, electricidad y suministros médicos desde el 7 de octubre y ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de ayuda humanitaria de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Así lo reportaron en enero desde ese lugar los senadores Chris Van Hollen (Maryland) y Jeff Merkley (Oregon). Por último, el caso pendiente de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia acusa a Israel, utilizando citas de los más altos funcionarios israelíes, de la intención de ejercer una violencia excesiva contra los civiles de Gaza. El tribunal está estudiando una determinación preliminar para pedir el cese del bombardeo.
La Iglesia Episcopal debería reafirmar el enfoque de la resolución 2022-D024 de la Convención General con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, y condenar el hecho de que el gobierno de EE. UU. no bloquee la ayuda militar destinada a llevar a cabo dichas violaciones hasta que Israel haya rendido cuentas de sus acciones y se haya comprometido a respetar las normas de derechos humanos.
Explicación
En los últimos 15 años se han producido cinco enfrentamientos entre Israel y Hamas en la densamente poblada Franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, Hamas, una organización de resistencia armada, desencadenó un brutal ataque contra Israel, matando a cientos de personas y tomando unos 200 rehenes. Israel tomó represalias lanzando la Operación Espada de Hierro contra Gaza, recurriendo en gran medida a ataques aéreos, tanques y artillería, cuando se presentaba la oportunidad de renunciar a la venganza y convertir “las espadas en arados”. Gran parte de las municiones militares han sido suministradas por Estados Unidos.
La cantidad de muertos ha aumentado a más de 25,000, de los cuales el 70% son mujeres y niños, según informes ampliamente aceptados del Ministerio de Salud de Gaza. La ONU ha reportado que casi 1.9 millones de personas, más del 85% de la población, han sido desplazadas; para el 24 de noviembre, más de 234,000 viviendas habían sufrido daños y más de 46,000 hogares habían sido destruidos. La devastación es peor que los dos años de bombardeos de Dresden.
Estos hechos demuestran 1) la magnitud de la muerte y la destrucción causadas por el continuo asalto de Israel a Gaza, un territorio ocupado por Israel, que tiene el deber de proteger a sus habitantes e infraestructuras, 2) el masivo apoyo material que el gobierno estadounidense ha proporcionado y 3) el incumplimiento por parte del gobierno estadounidense de sus propias leyes que imponen condiciones en materia de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha abdicado a su deber de limitar la escala, el alcance y la letalidad del uso de la ayuda militar por parte de Israel contra la población civil de Gaza. De esta forma, la Casa Blanca declaró públicamente el 27 de octubre: “No estamos fijando límites para Israel”, cuando esa es la obligación del gobierno estadounidense. Como consecuencia, Israel no ha rendido cuentas de las muertes de civiles y la destrucción que ha causado, ha prohibido la entrada de casi todos los alimentos, agua, electricidad y suministros médicos desde el 7 de octubre y ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de ayuda humanitaria de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Así lo reportaron en enero desde ese lugar los senadores Chris Van Hollen (Maryland) y Jeff Merkley (Oregon). Por último, el caso pendiente de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia acusa a Israel, utilizando citas de los más altos funcionarios israelíes, de la intención de ejercer una violencia excesiva contra los civiles de Gaza. El tribunal está estudiando una determinación preliminar para pedir el cese del bombardeo.
La Iglesia Episcopal debería reafirmar el enfoque de la resolución 2022-D024 de la Convención General con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, y condenar el hecho de que el gobierno de EE. UU. no bloquee la ayuda militar destinada a llevar a cabo dichas violaciones hasta que Israel haya rendido cuentas de sus acciones y se haya comprometido a respetar las normas de derechos humanos.