D028 Cierre de la prisión de la Bahía de Guantánamo
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de ________________,
Que la Iglesia Episcopal reafirme y renueve nuestro llamado de marzo de 2007 (en la Resolución EXC032007.31 del Consejo Ejecutivo) para cerrar y establecer el compromiso de no volver a abrir nunca el centro de detención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, ni ningún otro lugar similar, 22 años después de que el primero de 780 hombres y niños musulmanes fueran enviados ahí como detenidos, reconociendo que la detención militar indefinida sin acceso a un juicio justo es profundamente injusta, que la base militar de Cuba se utilizó con este fin para evitar restricciones legales y constitucionales, y que la tortura aplicada a muchos de los que siguen detenidos es una mancha moral para Estados Unidos; reconocemos además que no ha habido justicia para las víctimas ni para las familias de los ataques del 11 de septiembre debido a esta tortura y al proceso de la comisión militar; hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que utilice toda su influencia diplomática para transferir inmediatamente a los 16 hombres que ya han recibido autorizaciones de transferencia, y para que se haga justicia con los cinco hombres que han sido acusados de forma que se ofrezca una conclusión a las familias de las víctimas del 11 de septiembre, así como una resolución rápida, responsable y legal en los casos de los hombres restantes, cada vez más viejos y enfermos; y asimismo
Se resuelve, Que esta Convención elogie el trabajo de la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal por continuar llamando la atención sobre este asunto, incluso cuando los prisioneros continúan languideciendo sin juicio, a través de sus alertas de acción, defensoría pública y un reciente webinario organizado por la Oficina de Relaciones Gubernamentales con el Obispo Presidente Curry y la Campaña Religiosa Nacional contra la Tortura.
Explicación
El 11 de enero de 2002, Estados Unidos envió al centro de detención de Guantánamo (Cuba) al primero de 780 detenidos, todos ellos hombres y niños musulmanes, para evitar las restricciones legales sobre el trato a los prisioneros y poder recluirlos sin juicio. Muchos prisioneros fueron sometidos a tortura y pocos fueron acusados de algún delito; ninguno tuvo un juicio justo. De los detenidos, 22 eran niños cuando llegaron a Guantánamo. Según el Centro de Derechos Constitucionales, que ha dirigido la batalla legal para representar a estos hombres y cerrar la prisión, 86% de los detenidos fueron vendidos a Estados Unidos a cambio de recompensas, a un precio de US$5,000 por persona.
En 2004 y 2008, el Tribunal Supremo estableció la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre la prisión y ratificó el derecho de los detenidos a que sus casos se revisen mediante habeas corpus. En la actualidad, las comisiones militares están en marcha, pero avanzan muy lentamente. De los 30 detenidos restantes, 19 no han sido acusados de ningún delito 16 están plenamente autorizados para ser transferidos, pero no han sido puestos en libertad; 11 tienen casos activos en el sistema de comisiones militares; solo uno ha sido realmente condenado por algún delito. En los 22 años transcurridos desde la apertura del centro, nueve hombres han sido condenados y la misma cantidad ha muerto en prisión. Debido al uso de la tortura en sus interrogatorios, a la edad cada vez mayor y al debilitamiento físico y mental de los prisioneros restantes, no será posible proporcionar una resolución judicial completa y justa para todos estos casos. Guantánamo es la prisión más cara del mundo, con un costo para los contribuyentes estadounidenses de US$540 millones al año.
El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal aprobó una resolución en marzo de 2007 en la que le pidió al gobierno de Estados Unidos “que cierre la prisión militar de la Bahía de Guantánamo” y “que se oponga al uso de centros de detención secretos en todo el mundo y que ponga fin a la práctica de las ‘entregas extraordinarias’, en las que los sospechosos de terrorismo son enviados sin revisión judicial a países donde pueden ser torturados”. En 2009, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que limitaba (aunque no ponía fin por completo) la autoridad de la CIA para utilizar la entrega extraordinaria y la tortura como técnicas antiterroristas. También prometió cerrar el centro de detención de Guantánamo. Desde esa promesa, muchos casos se han resuelto, pero el centro sigue abierto para los últimos 30 prisioneros, con un elevado costo económico y un costo moral aún mayor. Ningún alto funcionario del gobierno estadounidense ha rendido nunca cuentas por la detención ilegal y tortura de los prisioneros de Guantánamo.
Aunque podemos basarnos en la declaración de 2007 del Consejo Ejecutivo para abogar por el cierre de esta prisión, ya es hora de que la Convención General reafirme y renueve este llamado 17 años después, no sea que vayamos a olvidarlo.
Mientras tanto, nuestra Oficina de Relaciones Gubernamentales se ha mostrado diligente en la defensa de la justicia en este asunto, incluso cuando muchos defensores ya han pasado a defender otras problemáticas, y el recuerdo de Guantánamo se está desvaneciendo para muchos estadounidenses, aunque siga abierto a un costo tan elevado tanto en dólares como en la forma de una herida moral.
Documentos de apoyo:
Action alert, January 2024, with resources and links for further study
Executive Council Resolution EXC032007.31, March 2007.
Nota: esta resolución o su explicación contienen referencias externas, como URL de sitios web, que podrían no estar traducidos a los idiomas requeridos por la Convención General. Debido a restricciones en materia de derechos de autor, la Convención General no puede proporcionar traducciones. Sin embargo, es posible que su navegador pueda proporcionarle una traducción automática a otro idioma. Si necesita ayuda al respecto, escriba a [email protected].