La Cámara de Obispos informa a la Cámara de Diputados que el 10 de julio de 2018, consideró D016 (Estructura: Buscar la Verdad, Reconciliación y Restauración). El acto de la Cámara es:

Coincidir

Se resuelve, Que la 79a Convención General, como miembros del Cuerpo de Cristo, confiese nuestros pecados de discriminación basada en género, acoso y violencia contra las mujeres y niñas en cualquiera de sus expresiones según lo que concebimos como pecado, incluidos, entre otros, el acoso sexual o basado en género, el ataque sexual, el comportamiento físico, espiritual o emocional abusivo, y la opresión basada en género, en particular porque estos pecados han denigrado y devaluado a las mujeres en sus ministerios; que reconozca que dentro de nuestra cultura patriarcal, los hombres son quienes principalmente abusan de su poder y autoridad y una vasta mayoría de las víctimas son mujeres; que se ha creado una cultura de excusas, justificaciones, aprobaciones y deshonestidad entorno a la violencia y la discriminación basada en género; que no se han prestado oídos a las experiencias de las mujeres con el fin de hacer justicia por medio de actos de contrición, reparación y reconciliación; que declare que nosotros, siendo la Iglesia, buscamos cambiar los sistemas de opresión, patriarcado, capacitismo, heteronomatividad, supremacía blanca y legado colonial, entre ellos, y busque involucrase en la reparación de la dignidad de las mujeres y la reconciliación con los actos del pasado, comenzando por la confesión ante Dios y ante el prójimo de la verdad que es que no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y que no hemos amado, respetado y honrado la presencia, los dones, la igualdad y el ministerio de las mujeres, viendo en ellas la presencia de Cristo; confesemos que hemos adoptado el poder del patriarcado, y con ello, hemos explotado a las mujeres y sido ciegos ante la injusticia y el prejuicio; y declarar que buscamos arrepentirnos y restaurarnos ante Cristo y ante el prójimo, para lo cual la Iglesia y todas las diócesis declararán un periodo de ayuno y arrepentimiento por este pecado; y asimismo,

Se resuelve, Que la 79a Convención General autorice el establecimiento de un Grupo de Trabajo para Mujeres, Verdad y Reconciliación con el fin de ayudar a que la Iglesia diga la verdad, se confiese y reconcilie por la discriminación basada en género, el acoso y la violencia hacia las mujeres y las niñas en todas sus expresiones cometidas por aquellos en el poder dentro de la Iglesia, contabilizando lo que se ha llevado a cabo y lo que se ha dejado sin hacer en pensamiento, palabra y obra, intentando enmendar la vida y buscando asesoría, dirección y absolución al tiempo que nos reparamos en amor, gracia y confianza entre todos y por medio de Cristo; y asimismo,

Se resuelve, Que este Grupo de Trabajo sea nombrado de manera conjunta por el Presidente de la Cámara de Diputados y el Obispo Presidente, con 15 miembros: 6 laicos (al menos 4 de ellos identificados como mujeres), 6 presbíteros o diáconos (al menos 4 de ellos identificados como mujeres) y 3 obispos (al menos 2 de ellos identificados como mujeres). En términos generales, la composición de este grupo de trabajo incluirá miembros de la comunidad LGBTQ y personas de color y reflejará diversidad regional. La composición general de este grupo de trabajo incluirá al menos 5 miembros que hayan padecido discriminación basada en género, acoso y violencia hacia las mujeres y las niñas, y al menos 3 miembros que tengan experiencia personal y reciente (dentro de los pasados 5 años) en trabajar con quejas dentro de la Iglesia general o en la comunidad secular en materia de discriminación basada en género, acoso y violencia hacia las mujeres y las niñas. Este Grupo de Trabajo informará sobre sus avances al Consejo Ejecutivo, presentará un calendario público, un resumen del trabajo en curso que sea de fácil acceso para los miembros de la Iglesia Episcopal, e informará a la 80a Convención General sobre las siguientes actividades:

- Crear una encuesta sobre la discriminación basada en género, el acoso y la violencia hacia mujeres y niñas en todas sus expresiones según concebimos estos pecados, que incluyen, entre otros, el acoso sexual y por género, la agresión sexual, el comportamiento abusivo físico, espiritual y emocional, y la opresión basada en género. Esta encuesta se modelará con base en la encuesta empleada para reunir información y conformar el informe de 2017 “Sexual Misconduct in the United Methodist Church: US Update”; el grupo de trabajo creará dicha encuesta a más tardar para diciembre de 2019 y colaborará con las organizaciones de la Iglesia en general, las diócesis y con los líderes eclesiásticos, laicos y clérigos, que corresponda para distribuirla ampliamente en la Iglesia Episcopal con acceso para los laicos y clérigos a más tardar en la primavera de 2020 y que dicha encuesta esté disponible principalmente en línea y con las adaptaciones que determine el grupo de trabajo para permitir que puedan responder aquellos miembros de la Iglesia general que quizá no tengan acceso fácil e inmediato a la Internet;

- Llevar a cabo una revisión de las respuestas y los datos de la encuesta relacionados con la discriminación, el acoso y el comportamiento violento que han padecido aquellas que se identifican como mujeres en nuestra iglesia y presentar esta información de maneras accesibles, públicas e informativas como una realidad veraz del tratamiento que reciben las mujeres y el impacto que este tiene sobre mujeres y niñas tanto laicas como ordenadas, sus ministerios y el ministerio de la Iglesia; dicha información será entregada a los siguientes organismos y organizaciones de la Iglesia Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América: La Cámara de Obispos, el Consejo Ejecutivo, la Asociación Nacional de Escuelas Episcopales, todos los Seminarios Episcopales (incluidos los programas de formación diocesana para la ordenación); los Campamentos y Centros de Conferencia Episcopales; Directores de Programas Juveniles Diocesanos; todos los Cánones para la ordenación, todos los Funcionarios de Transición; todos los Cancilleres diocesanos; y cualquier otra agencia, organización o comité que el Presidente de la Cámara de Diputados o el Obispo Presidente juzgue necesario;

- Coordinar y recibir los informes de parte de las personas y organizaciones mencionadas a más tardar seis meses después de haberse publicado el informe de los resultados de la encuesta por escrito junto con las siguientes respuestas al informe, con copia de las mismas respuestas al Obispo Presidente y al Presidente de la Cámara de Diputados: Cómo su agencia o institución ha contribuido dentro la iglesia con la cultura de discriminación basada en género, acoso y violencia hacia mujeres y niñas en todas sus expresiones, cuando sea apropiado, también ejemplos detallados y específicos de esta cultura que ha aprobado, ignorado o excusado este comportamiento, y cómo esta cultura ha dañado a la agencia o institución; su plan de acción dentro de la agencia o institución para poder generar una cultura de veracidad, arrepentimiento, reconciliación y justicia en nuestra iglesia, incluyendo un calendario para dicho plan de acción; y, cualquier otra pregunta que el grupo de trabajo, habiendo consultado al Obispo Presidente y al Presidente de la Cámara de Diputados, considere útil y necesaria para que la Iglesia general confiese la verdad del impacto que tiene el pecado de la discriminación basada en género, el acoso y la violencia contra mujeres y niñas en todas sus expresiones, y que se involucre en el proceso de restauración y reconciliación;

-Crear un proceso de Verdad y Reconciliación para guiar a iglesias, diócesis, provincias y a la Iglesia en general a medida que desarrollan sus propias vías para la reconciliación y restauración, con énfasis en el discernimiento de las cualidades de los métodos que iglesias, diócesis, provincias y la Iglesia en general pueden implementar para atestiguar la verdad y buscar justicia, restauración y reconciliación; reconociendo que tener un proceso igual para todos no será de ayuda debido a la diversidad de nuestra Iglesia y que identificar las cualidades para un proceso que invita a iglesias, diócesis, provincias y a la Iglesia en general a planear sus vías para avanzar hacia la justicia, la restauración y la reconciliación con orientación;

- Llevar a cabo una auditoria y análisis detallados e integrales de las estructuras internas de toda la iglesia ya existentes o necesarias para educar e informar a la Iglesia sobre las realidades y las consecuencias de la discriminación basada en género, el acoso y la violencia hacia las mujeres y niñas en todas sus expresiones; desarrollar programas para reducir proactivamente las incidencias de discriminación basada en género, acoso y violencia al interior de la iglesia; así como desarrollar recursos que generen la capacidad de la Iglesia para ofrecer a las víctimas atención pastoral informada sobre el trauma;

- Supervisar la auditoria llevada a cabo por un auditor externo sobre la cultura al interior de las estructuras de toda la iglesia a fin de identificar expresiones sistémicas de poder y liderazgo que crean o continúan promoviendo discriminación basada en género, acoso y violencia hacia las mujeres y niñas en todas sus expresiones, particularmente el impacto que tiene este sistema en cómo se manifiesta en el acceso al liderazgo, la desigualdad de la paga, los desequilibrios de poder, la desigualdad en el liderazgo, la discriminación basada en género, el acoso y la violencia sexual, y la aprobación de la violencia por género por parte de aquellos en puestos de poder en toda la iglesia que menosprecia, excusa y subestima la discriminación, el abuso y el acoso, en contraposición al Evangelio de Cristo;

Se resuelve, Que la Convención General solicite que el Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas considere una partida presupuestaria de US$320,000 para la implementación de esta resolución la cual facilitará fondos para las reuniones regulares, incluidas las reuniones presenciales bianuales a lo largo del trienio (US$150,000); los costos relacionados con crear y distribuir la encuesta y los informes posteriores (US$40,000); el contrato con la empresa externa para llevar a cabo la auditoría cultural (US$65,000); las comunicaciones a través del sitio web y apoyo de personal (US$50,000); y los gastos relacionados con las presentaciones presenciales de los hallazgos ante grupos estratégicos, entre los que se encuentran el Consejo Ejecutivo, la Cámara de Obispos y otros grupos según lo determinen el Grupo de Trabajo, el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados (US$15,000).


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